Un reto para estar a la altura

Tinixara Guanche, trabajadora social y responsable del área de Sociedad Civil de Podemos Euskadi.

 

4.-Bizkaia-TinixaraEn el año 2008, año de aprobación de la Ley  de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, decía el entonces Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social  del Gobierno Vasco que “los derechos sociales no pueden estar al albur de las coyunturas o los intereses, ya sean económicos o puramente electoralistas”.

¿Por qué empezar con esta expresión? Porque, si en el año 2008 era válida esa negativa a someter los derechos sociales a la coyuntura económica, ahora no. O al menos eso es lo que parece tanto para el PNV como para su socio, el PSE.

“Para el PNV, con el silencio cómplice del PSE, los derechos sociales ya no son una prioridad”

¿Qué ha cambiado entre el 2008 y el 2017? Sé que han pasado algunos años. Sé, por supuesto, que el contexto socio-económico no es el mismo. Como tampoco lo es el social, ni el laboral, ni la simple concepción de las personas empobrecidas desde el imaginario colectivo. También han cambiado, y aquí es donde creo que es fundamental la reflexión, los discursos de determinadas fuerzas políticas.

Si en el año 2015 Maroto era un enemigo a dejar en el ostracismo, hoy puede llegar a ser un compañero de viaje. Hoy de hecho no sólo es un socio en Madrid, sino también lo es en Gasteiz.

Si en el año 2008, tiempo de bonanza, la protección social era una prioridad, ¿cómo puede no serlo en el año 2017 si la desigualdad social es mucho mayor?

En este año 2017, los partidos que conformamos el Parlamento Vasco, nos hemos comprometido a emprender una necesaria reforma de la normativa reguladora de la RGI. Y vemos como para el PNV, con el silencio cómplice del PSE, los derechos sociales ya no son una prioridad. Vemos como ahora sí son susceptibles de estar al albur de la coyuntura económica y “donde dije digo, digo Diego”.

La propuesta de reforma presentada a finales de mayo por el Gobierno Vasco supone un recorte y no hay medias tintas en esa interpretación. Recorte que representa una importante y amplia agresión que afecta a diversos aspectos de la prestación pero que no va dirigida a resolver los problemas de ésta. Y no sólo eso, esta reforma es un ataque a las conquistas en derechos sociales de los últimos años. Conquistas fruto de luchas, nuestras luchas, las de todas, que cada vez parecen tener menos lugar y una respuesta más beligerante por parte de los partidos que sustentan el gobierno.

“Hay 59.497 personas que, según datos del Gobierno Vasco, están fuera de todo”

El vínculo de la RGI con el empleo, incorporado en el año 2011, ha sido un fracaso 6 años después, pero lo único que se ofrece como alternativa es el mantra de la Sra. Artolazabal de que “la mejor política social es el empleo ¿Qué empleo? ¿El de la precariedad, la temporalidad y las malas condiciones? ¿El de un servicio público de empleo que es el peor valorado de largo por la ciudadanía? ¿Por qué no buscar soluciones que vayan a las causas de esa precariedad? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?

Parece como si las soluciones planteadas se dirigiesen a una realidad que sólo ven ellas en el Gobierno, porque la de las personas, es totalmente distinta. Hay 59.497 personas que, según datos del Gobierno Vasco, están fuera de todo. Un tercio de personas afectadas por la pobreza que no encuentran amparo y mientras, el discurso es que quien no trabaja es porque quiere aprovecharse, parasitar el sistema o defraudar en él. Y eso, al menos a mí, me da miedo.

Da miedo y además, nos coloca en una tesitura en la que no puedo evitar que resuenen en mi mente, atronadoras, las palabras de Bertolt Brecht: “ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde” ¿Dejaremos que se nos haga tarde?

En el viraje del discurso, encontramos  una serie de afirmaciones que criminalizan o responsabilizan individualmente a las personas de la situación de pobreza en la que viven, sin atender en serio, a través de la implementación de políticas públicas, a los males estructurales. Sin hacer caso a las necesarias modificaciones que harían de las vidas de toda la ciudadanía, algo que merezca la pena ser vivido.

Porque es cierto que el fraude existe pero, ni de lejos solo en la RGI. Existe fraude y políticas que siempre pasan de “puntillas” por Hacienda, por las grandes empresas que no pagan lo que les tocaría aportar, por negocios que fomentan un clientelismo que sólo enriquece a unas pocas y a todas, nos empobrece. Porque las responsables que nos empobrecen no están en la cola de Lanbide, sino en algún ministerio, departamento, empresa energética o consejo de administración. Y es importante que seamos capaces de ver de esto antes de comprarnos ese discurso que, como sociedad, nos pone en riesgo.

Entiendo perfectamente, porque lo he vivido, que nos aterra y paraliza el riesgo a enfrentarnos con la pobreza, con las personas empobrecidas. Es aterrador mirar a los ojos a las personas olvidadas, a las que no tienen ni el derecho a ser reconocidas, porque mirarlas, duele. ¿Acaso no giramos la cabeza al cruzarnos con una persona que vive, que duerme en la calle?

Es humano, que ver a alguien en esta situación nos haga sentirnos vulnerables porque, ¿dónde está el límite? ¿Qué le lleva a una persona a dormir en la calle o no tener para pagar el alquiler o la hipoteca? En mis años en el trabajo social he aprendido de las personas en esta situación, que un mal paso, un tropiezo o la mala suerte, son suficientes para encontrarse así. ¿Por qué no buscar entonces soluciones que nos protejan a todas y nos sujeten ante ese riesgo?

¿Cómo podemos protegernos para que ese miedo no nos bloquee y acabe ahogándonos? En mi opinión, con algo imprescindible y que se asienta en dotar a la ciudadanía de seguridad.

Seguridad para sentir que si tropiezas te van a ayudar a levantar.

Seguridad para intentar emprender vidas autónomas y libres.

Seguridad para ser, para atreverse, para poder romper con situaciones de vida injustas, sintiendo amparo, sintiendo que no vas a caer.

Seguridad para ejercer derechos sin vergüenza, sin miedo, sin apuros, sin sentir que andas perdida y que no hay salidas. No como un “mal menor” sino como un derecho con mayúsculas.

Seguridad para estar informada y poder ejercer los derechos sin estigmatizaciones, sin sospechas de que “algo habrá hecho” para estar en una situación de pobreza o de precariedad.

Seguridad para tener derechos y sentirse empoderada para ejercerlos.

¿Y cómo acceder a esta seguridad? Blindando derechos. No hay otro camino y, no hay atajos.

Estamos ante una oportunidad y un reto, espero que todas sepamos estar a la altura.

La Renta Básica y cierto mito “vago”

Julen Bollain, Parlamentario de Elkarrekin Podemos por Gipuzkoa, miembro de la Red Renta Básica y miembro del BIEN (Basic Income Earth Network).

photo_2017-06-23_12-52-56En apenas dos años, la Renta Básica ha pasado a estar en boca de gran parte de la ciudadanía y es innegable que recibe tanto comentarios favorables como desfavorables casi a diario tanto en foros de opinión, como en periódicos o en revistas.

 

Personalmente, me gusta rebatir los comentarios desfavorables con argumentos ya que, como no podía ser de otra manera, es totalmente legítimo que existan opiniones dispares a las mías. Sin embargo, son más difíciles de tolerar ciertas críticas que no intentan sino liar a la ciudadanía. O por qué no decirlo, críticas sin ninguna fundamentación analítica o empírica.

“La Renta Básica sería una medida más dentro de un paquete de medidas que compondrían la política económica de un espacio geográfico determinado”

Hace tiempo ya que venimos diciendo que si algo tiene de malo la Renta Básica, es la facilidad para ridiculizarla. No obstante, no es menos cierto que cuando las personas dejan de lado la demagogia barata y profundizan en el tema, tal y como afirmaba el profesor y presidente de la Red Renta Básica Daniel Raventós el pasado 18 de mayo, “más convence y más difícil es ridiculizarla.”

No entraré a debatir a fondo cierto argumento mediante el cual recientemente se manifestaba la existencia de un mito de parte de la izquierda de que la renta básica resuelve todos los problemas. No sé exactamente cuál es el trasfondo de esta afirmación. No llego a comprender si la pretensión es desconcertar a los lectores, confundirlos o engañarlos, pero si algo hemos dejado claro y lo hemos repetido hasta la saciedad los defensores de una Renta Básica progresista, es que la Renta Básica no es la solución para todos los problemas. Hay que ser rematadamente torpe para no entender que la Renta Básica sería una medida más dentro de un paquete de medidas que compondrían la política económica de un espacio geográfico determinado. Por poner un simple ejemplo para que con suerte no vuelva a la palestra este argumento frívolo, se puede observar cómo la Renta Básica garantizaría la existencia material de todas las personas y, por lo tanto, ofrecería una mayor independencia económica a las mujeres. Sin embargo, no combatiría las violencias machistas per se y por ello, los gobiernos deberían seguir luchando por legislar en contra de las mismas.

Pero sí existen argumentos que han calado más en la sociedad ya que han sido repetidos por boca de diferentes sectores cada vez que les surgía la posibilidad y que merecen ser contrastados. ¿Quién no ha oído alguna vez que la Renta Básica crearía “vagos” y que la gente dejaría de trabajar remuneradamente?

“Lo que verdaderamente desincentiva la búsqueda de empleo son los subsidios condicionados”

Pues sí, probablemente sea éste el mayor mantra que debemos desmantelar los defensores de la Renta Básica. Eso sí, debemos desmantelarlo cuando nadie ha demostrado analíticamente que esto sea así. Ni la menor aproximación. Y es que como los acusados antes del siglo XIII a través del juicio divino o la ordalía, la Renta Básica debe superar ciertas pruebas para demostrar su inocencia o buen hacer empíricamente, cuando los acusadores no hacen sino soltar sapos y culebras por su boca sin ninguna fundamentación. Claro que sin la lex talionis en la actualidad los acusadores y las acusaciones se multiplican.

Cabe destacar y habría que dejar claro antes de comenzar con este humilde análisis, que el término trabajo no solo engloba el trabajo remunerado, sino que una parte muy importante del mismo (a veces incluso superior a la del trabajo remunerado) se divide también en trabajo doméstico y de cuidados y en trabajo voluntario. Si algo haría la Renta Básica, desde luego, sería visibilizar y ofrecer un valor más aproximado a la realidad que el que ostentan hoy en día situándose fuera del actual mercado de trabajo.

Antes de ofrecer mi opinión sobre sí la Renta Básica crearía “vagos” o no, diré que lo que hoy en día desincentiva la búsqueda de empleo no hay duda de que son las rentas mínimas garantizadas y su siempre presente trampa de la pobreza. Los subsidios condicionados no son acumulativos, sino prestaciones que como mucho complementan una renta de trabajo si la hubiera, hasta el umbral que el programa fije. Creo que no es discutible de que aquí reside un estímulo negativo a la búsqueda de empleo y a la aceptación de ofertas de empleo de baja cuantía o de los llamados trabajos basura. La razón es sencilla, y es que al ser estas prestaciones no acumulativas, por cada euro que se ingrese a través de las rentas salariales, se pierde un euro por prestación. Sin embargo, la acumulatividad de la Renta Básica ofrece la posibilidad de trabajar remuneradamente sin perjuicio de la prestación recibida. Por lo tanto, podemos observar cómo lo que verdaderamente desincentiva la búsqueda de empleo son los subsidios condicionados.

Mientras los detractores de la Renta Básica nunca han ofrecido dato alguno, sí ha habido varias encuestas realizadas por empresas especializadas en ellas. La primera fue realizada por la empresa catalana GESOP(1) en el año 2015 a 1.600 catalanes y catalanas. Más adelante, la segunda encuesta y ésta ya de ámbito europeo y la más importante jamás realizada, fue llevada a cabo por la empresa alemana DALIA Research(2) a 10.000 ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, en los 28 países pertenecientes a la misma y en 10 idiomas distintos. La última y la segundad mayor aunque con un sesgo muestral bastante importante, fue realizada en septiembre de 2016 íntegramente a colectivos de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, obteniendo  3.057 respuestas y habiendo respondido, entre otros, 1.479 estudiantes y 1.330 trabajadoras.

“Menos de 4 de cada 100 personas dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza”

En este artículo simplemente me ceñiré a los datos relativos a cómo se comportarían las personas encuestadas respecto al trabajo. Es muy significativo que los datos ofrecidos en las tres son bastante similares en cuanto al porcentaje de encuestados que dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza. En la encuesta realizada por GESOP se puede apreciar como solo el 2,9% de las 1.600 personas encuestadas dejarían su trabajo, mientras que en la realizada por DALIA Research se observa cómo solo el 4% de las personas europeas encuestadas lo harían. Un resultado intermedio (3,5%) se consigue entre las más de 3.000 personas del colectivo universitario encuestadas por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

Es de resaltar también que según las encuestas, una Renta Básica ayudaría a conseguir un mayor reparto del trabajo remunerado. Este dato es muy interesante cuando nos dirigimos hacia un mercado de trabajo donde el desempleo ya no solo va a estar ligado a la producción, sino que también a la distribución del empleo. Las tres encuestas demuestran una tendencia clara hacia la reducción de la jornada laboral si hubiera una Renta Básica que garantizara una existencia material básica para la ciudadanía. Una reducción de las horas dedicadas al empleo para emplear más tiempo en otros asuntos como pueden ser el cuidado de las personas mayores, de los menores o el mismo ocio personal de cada uno. Así, en la encuesta publicada en Cataluña vemos como un 8% de los encuestados trabajarían menos horas si recibieran una renta básica incondicional. Los resultados de Dalia Research muestran como de los 10.000 ciudadanos europeos encuestados el porcentaje se sitúa en el 7% y en la encuesta realizada por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, la tasa se sitúa en el 19,4% (mucha de las personas dedicarían ese tiempo a estudiar y esta tasa superior a las anteriores puede deberse al sesgo muestral).

Sí existe una dicotomía discursiva cuando te preguntan qué harías tú y qué crees que harían los demás. Esto se observa claramente en la encuesta realizada por DALIA Research, donde el mayor miedo de las personas encuestadas era que las demás personas dejaran de trabajar (40% de los encuestados), mientras que solo dejarían de trabajar el 4% de los mismo.

Por lo tanto, en tres encuestas realizadas en diferentes áreas geográficas se puede apreciar cómo las tres concluyen que menos de 4 de cada 100 personas dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza, si bien es cierto que dotaría de una gran libertad individual a las personas para invertir su tiempo en lo que crean oportuno.

Y a través de este artículo solo quería poner un poco de luz sobre el tema que nos concierne hoy y ofrecer datos empíricos de encuestas realizadas con rigor. Además, dentro de poco empezaremos a recibir datos reales de los proyectos piloto que se están llevando a cabo en diferentes países. Pero, ¿alguien podría darme algún dato que afirme que la Renta Básica crearía “vagos”? Llevo tiempo esperándolo.

(1): http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/

(2): http://www.sinpermiso.info/textos/la-renta-basica-vista-por-varoufakis-algunas-encuestas-el-referendum-suizo-del-5-de-junio-y

A una semana vista

Guillermo Errejon, sociólogo y Responsable de Análisis de Podemos Euskadi

Diez reflexiones sobre la Moción de censura

photo_2017-06-19_21-03-441) En su artículo 113, la Constitución dice que una moción de censura sirve para exigir la responsabilidad política del Gobierno.

Podríamos decir que la que presentaba Unidos Podemos, además, pretendía recalcar y denunciar la anormalidad: esto es, el hecho de que nos gobierne un partido que mantiene una relación estructural con la corrupción.

En cuanto que descriptiva, esa era la parte “más fácil” de realizar. Aun así, y como decía un periodista en el programa Al Rojo Vivo, nunca se había hecho una descripción tan detallada del conjunto de procesos judiciales que cercan al PP[1]. Pablo Iglesias también lo decía después: nunca había ocurrido antes, “no es normal” que el Presidente del Gobierno vaya a tener que ir a declarar como testigo de la financiación ilegal de su partido.

2) Pero esto no es nada si no se propone un candidato –lo establece también la Constitución- y un programa alternativo de Gobierno. Más si, como defendemos algunos, el principal activo con el que cuentan hoy los poderosos no es la percepción de que gobiernan bien y con un proyecto para la mayoría sino la generación de escepticismo, dudas y desconfianza sobre las alternativas.

Uno “sirve”, es útil, si se lo es a la inmensa mayoría de su pueblo. Lo que hay que considerar es si España está mejor hoy que hace una semana; en otras palabras, si la moción de censura ha construido

Pablo Iglesias explicó detalladamente las líneas de actuación de un gobierno de Unidos Podemos. Tan detallada y extensamente que los diputados del inmovilismo, PP y Ciudadanos, le acusaban de hacer un discurso “castrista”. Ya se ve: discurso largo y tedioso describiendo la alternativa… al mismo tiempo que Unidos Podemos no tiene alternativa.

3) Se observó un cambio en el contenido y tono mantenido por Pablo Iglesias, hecho que precisamente supuso el núcleo del debate de Vistalegre. Cuestionó muchas de las críticas que se le suelen hacer –como arrogancia, agresividad o falta de frialdad- y se mostró serio y responsable, aun en los momentos más difíciles para ello –y que por tanto más lo requerían-.

Dicho cambio sin duda ayudó a estrechar lazos o al menos eliminar barreras con otras fuerzas, especialmente con el Partido Socialista.

4) Precisamente, tras la denuncia de la corrupción del PP y la presentación de una alternativa que estuviera a la altura, uno de los elementos cruciales de esta moción era la respuesta que fuera a dar el PSOE a Unidos Podemos, y el intercambio de réplicas entre ambos grupos. Más aún tras la victoria de Sánchez y un prometido cambio de rumbo del partido que animaría a pensar en una segunda oportunidad para echar a Rajoy.

la desnormalización de lo anormal que señalábamos más la descripción extensa de una alternativa, más la propia muestra de unas formas distintas a las del partido en el Gobierno […] hacen que en nuestro país haya un poco menos de resignación y de cinismo […] que antes de su presentación. La moción, creemos honestamente, habría sembrado.

Este intercambio, pese a los reproches del PSOE sobre lo que ocurrió en el pasado, que en realidad formaban parte inevitable del guion, resultó esperanzador. Por fin se habló de política; por fin pareció que el portavoz del PSOE estaba más lejos del PP que de Podemos.

Es evidente, también, que dejando las cuestiones “de forma” al margen el Partido Socialista y sus votantes se encuentran más cerca de Unidos Podemos que de quien ya ha decidido hace tiempo ser una mera marca –en su sentido más literal- que recoja lo que se le caiga al Partido Popular: Ciudadanos.

5) Menos importante, aunque sí en lo referente al mapa post-moción, era la postura que tomaría este partido, Ciudadanos, ante ella. Podríamos pensar que lo que estaba en juego era a qué distancia se situaba de Unidos Podemos y del PP. Su decisión no ha dejado lugar a dudas: chocando con Unidos Podemos y la posibilidad de una alternativa y sin apenas hacer mención al Gobierno al que se estaba censurando.

Más allá del componente ético de no denunciar a un partido inmerso en la corrupción, esta decisión política (que, creemos, se viene fraguando desde antes de la moción) perjudica la salud política del país: debería ser posible una derecha que no acepte unas instituciones corruptas y al servicio político de unos pocos.

6) Las dos “derechas nacionalistas”, el Partido Nacionalista Vasco y el Partit Demòcrata (PDeCat) defendieron la abstención en la votación, aludiendo básicamente a cuestiones de forma y a que no iba a servir. Sorprende la dicotomía entre la dureza de ambos, en Vitoria y en Barcelona, y su suavidad en el Congreso de los Diputados. Aunque hay que diferenciar entre los dos.

En el caso del PDeCat sorprende la postura manteniendo un pulso que se va a traducir en la celebración de un referéndum el 1 de octubre y la posible respuesta que de el Estado a él.

En el caso del PNV parecemos hablar, aunque no se haya explicitado, de un pacto de legislatura que se traduce en contrapartidas en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz y en el de Madrid: yo pacto contigo en Euskadi para mantener alejada a “la extrema izquierda”[2] y tú te abstienes en la moción de censura, apoyas mis Presupuestos Generales del Estado o votas conmigo en relación a la estiba (también con el PDeCat).

7) La subordinación absoluta de Ciudadanos al PP más el giro hacia el entendimiento que podría haber dado el PSOE puede traducirse en cierta recuperación de las categorías izquierda-derecha como claves para entender el mapa político, con dos partidos que en la práctica quieren que no cambie nada y otros dos que, con diferencias, quieren echar a Rajoy.

A pesar de que Podemos nació enmendando este eje, puede no suponer problema para las aspiraciones de cambio en España si recordamos:

  • Que la división fundamental no se da entre “dos Españas” partidas por la mitad sino entre una pequeña minoría que se ha beneficiado de lo de todos y una gran mayoría que ha sufrido recortes y/o se ha visto avergonzada por ese uso clientelar y privado del Estado. Asumir que la división de este país es “ideológica” –y no material- y que le divide por la mitad supondría regresar a posiciones previas al 15-M, donde la sociedad española manifestó claramente que el problema tenía que ver con una minoría que había secuestrado la democracia, y no con que una parte (“derecha” o “izquierda”) había hecho algo malo.
  • Que, precisamente por eso, el nuevo sujeto al que apela Podemos desde su nacimiento no puede estar formado sólo por quienes se autodenominan “de izquierdas” (una parte muy importante de nuestra sociedad) sino por esa gran mayoría social, heterogénea e indignada y/o precarizada.

8) Mucho se ha hablado sobre si ha servido la moción de censura, y a quién habría beneficiado. Uno “sirve”, es útil, si se lo es a la inmensa mayoría de su pueblo. Lo que hay que considerar es si España está mejor hoy que hace una semana; en otras palabras, si la moción de censura ha construido.

Nuestra opinión es que la desnormalización de lo anormal que señalábamos más la descripción extensa de una alternativa, más la propia muestra de unas formas distintas a las del partido en el Gobierno -Pablo Iglesias supo contenerse aún en los momentos más duros, cuando el PP sacó a pasear a su dóberman– hacen que en nuestro país haya un poco menos de resignación y de cinismo –los mayores enemigos del cambio- que antes de su presentación. La moción, creemos honestamente, habría sembrado.

9) Tras el tiempo de las formas –de los roces, los agravios y la reivindicación del orgullo propio de partido- llega el tiempo de los contenidos: averiguar qué separa a una mayoría que ya existe en el Congreso para empezar a levantar un Gobierno de cambio.

El Partido Socialista debería descartar a Ciudadanos. No por ninguna esencia –qué son– sino por los hechos –qué hacen-. Si no es así, en todo caso, parece claro que éstos van a hacer lo necesario para boicotear la construcción de una alternativa[3].

Por tanto, y aunque una mayoría alternativa es complicada (incluso una que supere los 166 diputados de PP y Ciudadanos), hay que mirar hacia otros lados, especialmente a las periferias. Y especialmente, creemos, a Cataluña. Por números y porque hay que arreglar de algún modo el problema político catalán que es en realidad estatal.

10) El “choque de trenes” entre las aspiraciones mayoritarias (decidir el propio futuro) del pueblo catalán y la negativa a buscar soluciones políticas del Estado y el Gobierno del PP nos lleva a la situación del referéndum unilateral convocado para el 1 de octubre. La crisis política territorial también se expresa en el hecho de que tres de los cuatro grandes partidos no parezcan tener ninguna propuesta para tal problema político.

Los cambios que está adoptando el “nuevo PSOE”, como el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado[4] o la apelación a la búsqueda de un encaje para Cataluña en la Constitución suponen un paso importante respecto a su postura anterior, pero no parecen suficientes a estas alturas.

La irresponsabilidad que mostró el Partido Popular en el año 2006 recogiendo firmas contra el Estatut de Catalunya y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional que lo recortó han llevado tanto a que en la práctica rija un Estatuto en Cataluña que sus ciudadanos no votaron[5] como al callejón sin salida en que nos encontramos actualmente.

El paso adelante que han dado las bases del PSOE afirma claramente que el Partido Popular no es una maldición inevitable, y debe llevar a su nueva dirección a dar otros tantos pasos, sin miedo y sabiendo lo que está en juego. Una mayoría parlamentaria distinta, que afronte tanto la urgente limpieza democrática como la crisis territorial, cambio, sólo se puede dar honestamente con fuerzas progresistas del Estado y con las fuerzas catalanas.


[1] O como dice aquí Rosa María Artal: .

http://www.eldiario.es/zonacritica/Mocion-censura-cosas-claras_6_654144613.html

[2] Así se expresaba Antón Damborenea, portavoz económico del PP vasco: http://www.deia.com/2017/03/20/politica/euskadi/el-gobierno-vasco-se-garantiza-sus-presupuestos-con-la-abstencion-del-pp?random=248731

[3] Al tiempo que escribimos esto y a 24 horas de la moción de censura Ciudadanos ya ha dejado claro que no intentará construir una mayoría alternativa:

http://www.eldiario.es/politica/Albert_Rivera-Ciudadanos-gobierno_alternativo-PSOE-Podemos_0_654784970.html

[4] http://www.eldiario.es/politica/PSOE-acepta-plurinacionalidad-Espana_0_655484811.html

[5] Como indica Pérez Royo en esta entrevista: http://www.elnacional.cat/es/politica/javier-perez-royo-referendum-catalunya-inevitable_139839_102.html

Pero…¿Qué es el CETA?

Ana Isabel San Román Abete, enfermera donostiarra y miembro de la Campaña contra el TTIP de Gipuzkoa.

 

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Ana Isabel San Román

El CETA es un tratado de libre comercio, similar al TTIP, entre La Unión Europea y Canadá. Según sus defensores este tratado hará crecer la economía eliminando cualquier tipo de “barreras al comercio y a la inversión”. Cuando hablan de “barreras al comercio y a la inversión” se refieren a las barreras arancelarias y a las no arancelarias.

Los aranceles son impuestos que hay que pagar para introducir productos en un mercado extranjero, actualmente son muy pequeños pero se mantienen sobre todo en materia de agricultura para proteger la producción local.

Pero el objetivo principal es eliminar las “barreras no arancelarias” que son las normas y leyes europeas que protegen nuestra salud, derechos laborales, sociales, leyes medioambientales, etc.

Para ello el CETA se ha dotado de Tribunales de arbitraje: las empresas transnacionales pueden denunciar a los estados si consideran que una legislación les provoca pérdidas o prevén que les provocará pérdidas en el futuro. Además la Cooperación reguladora (cap. 21 de CETA) permite continuar negociando normas y obligará a probar científicamente la necesidad de adoptar cualquier regulación, poniendo en peligro el “principio de precaución”: actualmente si hay dudas sobre un producto no se comercializa, con el CETA, habrá que demostrar que ese producto es nocivo para reglar su uso y la única manera de demostrarlo “científicamente” es que haya el número suficiente de victimas como para crear una relación causa-efecto.

Desde 1994 Canadá tiene un tratado similar con EEUU y México (NAFTA) y a pesar de que, en su día, también les prometieron la activación de su economía hoy se puede comprobar lo que realmente les ha supuesto dicho tratado:

Pérdida de puestos de trabajo. Sólo en los últimos 6 años Canadá ha perdido 350.00 empleos en el sector de manufactura.

Sueldos estancados.

La deuda familiar ha alcanzado niveles históricos.

Reducción de los estándares de seguridad alimentaria y ambiental.

Gracias a los tribunales de Arbitraje Canadá es el país desarrollado más demandado del mundo: El gobierno ya ha pagado 135 millones de euros y la suma de los litigios pendientes asciende a 175 MILES DE MILLONES de euros. A esta cifra se ha llegado con demandas como la que interpuso la empresa Estadounidense ETHYL CORPORATION por prohibir la importación de gasolina que contiene MMT, sospechoso de ser un agente neurotóxico. Tras apelar a los Tribunales de Arbitrajes la empresa obligó a Canadá a revocar la prohibición y a pagarle 10,2 millones de euros.

Al aceptar el CETA, como casi todas las grandes corporaciones Estadounidenses tienen una filial en Canadá, estas más de 42.000 corporaciones podrán utilizar sus filiales Canadienses para impugnar normas ambientales, sanitarias y laborales de la U.E.

 A pesar del secretismo con el que se ha negociado este tratado más de 3 millones y medio de personas en toda Europa hemos firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo el TTIP.

Mas de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado territorios libres del CETA y TTIP.

A ambos lados del Atlántico, los agricultores, los sindicatos, la sanidad pública, los consumidores, los grupos de defensa de los derechos medioambientales, diversas ONGs así como asociaciones de PYMES han rechazado este tratado.

La comisión de Empleo de la comisión Europea ha votado NO al CETA

El pasado 15 de febrero El Parlamento Europeo votó a favor del CETA y ahora es cuando los parlamentos nacionales (y regionales) tienen que ratificar o no el tratado.

Ya hay varios países en los que se están preparando referéndums para bloquear la ratificación del CETA, de hecho Francia, Austria, Grecia, Irlanda tuvieron entre sus parlamentarios más votos en contra que a favor.

El Consejo de Ministros ha aprobado su remisión a las Cortes Generales para que el Congreso y el Senado puedan someterlo a votación. El 18 de mayo se debatieron dos iniciativas que presentó Unidos Podemos en el Congreso: una enmienda para rechazarlo y una solicitud al Tribunal Constitucional para que revise sus contenidos antes de que lo ratifique el Parlamento, ya que el CETA  quiebra claramente principios y derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Incomprensiblemente estas iniciativas fueron rechazadas gracias a los votos, entre otros, del PP. PSOE, Cs y PNV.

Ahora más que nunca tenemos que organizarnos y pedir a nuestros representantes políticos que defiendan nuestros derechos y no los de las grandes empresas, no podemos consentir que se apoyen tratados como el CETA, su ratificación definitiva supondría un verdadero ataque a la democracia.

Aún Podemos pararlo! Estamos a tiempo!

Batalla de Modelos Laborales

Jorge Moruno, sociólogo y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

En un contexto de enfrentamiento entre modelos laborales y nuevas (?) formas de precaierdad, Jorge Moruno comparte con nosotros a través de Twitter unas reflexiones muy necesarias.

Os las dejamos a continuación para que podáis analizarlas. Para más contenido os adjuntamos su Twitter aquí.

Aquí el artículo que Jorge Moruno cita en el tweet.

 

Os dejamos aquí el artículo que Jorge Moruno comparte, añadiendo un poco más de contexto al conflicto.

 

Esperamos haber provocado, a través de Jorge Moruno, alguna que otra reflexión significativa y en profundidad.

Pax Portuaria

Sergio Pascual Peña, Diputado por Sevilla de Podemos-En Comú Podem-En Marea y miembro del Consejo Ciudadano Andaluz.

Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la U.Europea exigió a España la reforma de la estiba, los trabajadores y trabajadoras han venido proponiendo soluciones, algunas de las cuales llegaron a firmarse y acordarse con la patronal del sector.

La nueva dirección del Ministerio de Fomento, no obstante, demostró muy pronto que su objetivo no era la estabilidad del sector. Con formas propias de tiempos de mayorías absolutas afortunadamente ya pasadas, el Gobierno trató de aprobar un Real Decreto Ley sin apoyo alguno, ni de sindicatos, ni de empresas, ni de grupos parlamentarios, recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.

Lejos de recibir el mensaje del Congreso, el Gobierno se lanzó a la búsqueda de votos a saldo, un modus operandi similar al utilizado para la aprobación de los presupuestos. La misma semana que el Gobierno se “ausentaba” evitando la investigación de la antigua Convergencia en el caso Palau, la antigua Convergencia le aprobaba al Gobierno el Decreto de la Estiba.

El objetivo del Gobierno se leía entre las líneas del Decreto: dividir a los sindicatos y propiciar negociaciones a escala de Puerto, fragmentando así la unidad sindical. Los autores intelectuales de esta estrategia pertenecen a un sector de la patronal vinculado con el PP.

Por un lado Ership S.A. de los Alvargonzález, dirigido por tíos y primos de Rodrigo Rato, avalistas del exministro black.

Por otro lado Bergé, del cántabro Gorbeña, que ya demostró su buena relación con el entonces alcalde de Santander Iñigo de la Serna, “cediendo” 40 vehículos SsangYong Rexton, Rodius y Korando para “los organizadores” del Mundial de Vela de de la ciudad en 2014.

Finalmente, la poderosa JPMorgan, vinculada a exministros del PP como Michavila, que ahora hace caja vendiendo Noatum a la china Cosco Shipping una vez “superado” el escollo laboral.

Para conseguir sus objetivos, que es lo mismo que decir, los de sus amigos en el sector, el Gobierno no ha dudado en poner en peligro la estabilidad del sector, la vida de más de 6200 familias y, sobre todo, el futuro de los puertos de todos, puertos que son rentables en España gracias al buen trabajo de los estibadores y un sector empresarial productivo que ahora se ve golpeado por el sector connivente con el PP. La España que saca adelante el país pisoteada por un empresariado parasitario conchabado con un partido, el PP, que gobierna bajo la premisa de la acumulación por desposesión, vaciando arcas públicas y propiciando negocios especulativos a golpe de BOE.

No había razones jurídicas ni económicas para romper la paz social en los puertos, un sector que, según el propio gobierno, estaba en máximos históricos. La irresponsabilidad de De La Serna, su sordera e incapacidad para lograr sacar adelante acuerdos -sin comprar votos a la trama del caso Palau- y su claro interés de parte ha roto la paz social en nuestros puertos, ha fragmentado a la patronal, está alejando tráficos de nuestros puertos y ya está suponiendo pérdidas de oportunidad y económicas.

Lo avisamos y votamos NO a su Decreto. Ahora no cejaremos en señalar a quienes quieren enriquecerse con la vida de familias trabajadoras hipotecando el futuro promisorio de un sector en el que nuestro país podría apoyarse para un gran salto adelante.