EN EUSKADI, HACIENDA TAMPOCO SOMOS TODAS

AsunOf2Asun Merinero, licenciada en Historia por la UPV/EHU, ha escrito varios libros y artículos, ha trabajado como investigadora predoctoral del Gobierno Vasco, con una beca de investigación del Ararteko sobre víctimas del terrorismo, y ha trabajado también como responsable del Área de paz y derechos humanos de Bakeaz.

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA

«El Fraude Fiscal está formado por aquellas actividades que se ocultan o desvirtúan ante Hacienda para pagar menos impuestos o, simplemente, no pagar ningún impuesto»

«En realidad, los paraísos fiscales son sólo uno de los instrumentos que los ricos utilizan desde hace mucho tiempo para pagar menos impuestos»

Ignacio Zubiri (Catedrático de Hacienda Pública por la UPV-EHU)

 

El sistema fiscal de las economías modernas está justificado por la necesidad de recaudar dinero para el funcionamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, infraestructuras, atención a la inclusión social, lucha contra la pobreza…). En definitiva, el sentido de la fiscalidad en cualquier lugar del mundo debe cumplir con un objetivo básico: la redistribución equitativa de la renta.

La apuesta de Podemos Euskadi por una reforma fiscal integral dedica un importante apartado a la lucha contra el fraude fiscal, contra todo el fraude fiscal, pero especialmente contra el fraude de las rentas altas, de los grandes patrimonios, el «fraude fiscal de guante blanco».

La lucha contra el fraude fiscal ofrece llamativos titulares de prensa y de Teleberri en los que los gobiernos  presumen de sus grandes campañas y de sus éxitos en el afloramiento de dinero defraudado, robado a las arcas públicas.

Una vez más la distancia entre la realidad y la propaganda oficial en Euskadi se cifra en millones de euros. Al PNV le basta con mostrar aumentos de décimas en los porcentajes anuales de dinero aflorado para sentirse “satisfecho” y para ofrecer a la ciudadanía las migajas de un pastel que se reparte entre otros, entre quienes tienen la posibilidad de no tributar lo que deben, de no pagar proporcionalmente a sus rentas. Porque si algo está claro es que son las rentas del capital las que se escapan al control fiscal, y sí se escapan es porque los poderes públicos lo permiten.

Se nos ofrecen anualmente con bombo y platillo, los datos de fraude fiscal aflorado, pero ¿cuál es la estimación de fraude fiscal?¿Qué porcentaje aproximado de fraude fiscal aflora? Silencio, esa es la respuesta de los gobiernos forales en las instituciones públicas. Sobre el fraude fiscal total no hay estimaciones, curioso dato cuando es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las Haciendas Forales si queremos que el mermado estado del bienestar alcance a la totalidad de la sociedad vasca y cubra todas las necesidades.

El fraude fiscal en Euskadi: el lado oscuro de la fiscalidad

Vivimos en un mundo abrumado por los estudios, las estadísticas oficiales llenan nuestro día a día. Sin embargo, el fraude fiscal en Euskadi, a pesar de su relevancia y de los presupuestos invertidos en estudios, no está siendo un objetivo de análisis prioritario. Sobre todo, carecemos de análisis de los datos que nos permitan evaluar las políticas públicas en la lucha contra el fraude fiscal, hacer propuestas para mejorar la eficacia, realizar estimaciones y diagnósticos que nos permitan diseñar planes más adecuados para conseguir reducir el fraude fiscal.

Anualmente las Haciendas Forales presentan el Plan Anual de Lucha contra el Fraude. Las personas responsables técnicas y políticas lo diseñan en el seno de la Comisión de Lucha contra el Fraude del País Vasco, ellas lo presentan, ellas evalúan su cumplimiento y la valoración anual siempre es positiva. Donde no hay crítica, donde no hay análisis objetivos, solo hay complacencia. Lo que es evidente es que hay un estancamiento de los datos de afloramiento del fraude.

FRAUDE FISCAL AFLORADO EN LA CAE (2013-2016)

                        BIZKAIA                        GIPUZKOA                                     ARABA
2013              467,1 millones de €         394                                               147,7

 

2014              523,8 millones de €        358,5
2015              446,7 millones de €        357,7                                             129,15
2016              461,6 millones de €        214,4                                              124
Datos oficiales aportados por las tres Haciendas Forales de la CAE

 

Pero podemos añadir más datos ilustrativos, surgidos no de la rendición de cuentas debida a la ciudadanía, sino de las peticiones de información de los grupos políticos de la oposición. Gracias a una de ellas, realizada por el Grupo Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, sabemos que en 2015 hubo una caída de las inspecciones fiscales en relación con 2014 del 30%. También sabemos que a más inspecciones fiscales, más resultados en el afloramiento de fraude fiscal.

EJERCICIO NÚMERO DE INSPECCIONES FISCALES EN LA CAE
2014 629.175
2015 434.584

 

Según el único informe existente sobre fraude fiscal en la CAE en los últimos años, obra de los catedráticos Ignacio Zubiri, M.ª Carmen Gallastegi y Javier Fernández-Macho, solo en economía sumergida, el fraude fiscal ha superado los 3.700 millones de euros anuales en el periodo 2011-2014 en Euskadi, un 17% del PIB. 2.320 millones de euros anuales de fraude corresponden a los impuestos generales, de ellos algo más de 2.000 millones (un 55% del total) a impuestos gestionados por las Administraciones Vascas(Informe: Economía Sumergida y fraude fiscal en la C.A.de Euskadi, Instituto de Hacienda Pública UPV-EHU).

Recalco, solo en economía sumergida y que además esto es solo una parte del fraude: «las estimaciones del fraude fiscal basadas en la economía sumergida son cotas inferiores a los niveles reales de fraude».

Para bajar los datos a la calle, para hacerlos de carne y hueso, el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco de 2017, destina al presupuesto de Sanidad: 3.537 millones.

Los ingresos obtenidos a partir de la fiscalidad se invierten en gasto público, en el pago de los servicios que cubren -o deberían cubrir- las necesidades básicas de la ciudadanía. Cada euro que se deja de recaudar significa un euro menos para la inversión en nuestros hospitales, en nuestras universidades, en planes de empleo, en políticas de vivienda…Quienes defraudan a Hacienda, nos roban a todas las ciudadanas y ciudadanos.

La lucha contra el fraude fiscal es un deber de las instituciones públicas, porque de ellas depende la puesta en marcha de medidas que dificulten el fraude, la penalización de dichas prácticas y la recuperación del dinero que debe sufragar el gasto público.

En la lucha contra el fraude conviven cuatro vertientes:

  1. La económica: ligada a la recaudación y al dinero que se deja de ingresar y por otro lado, al beneficio de intereses particulares.
  2. La legal: la normativa, mucha de ella competencia de las Juntas Generales, en el caso de Euskadi, que debe limitar las posibilidades de fraude, sancionar proporcionalmente las conductas fraudulentas.
  3. La de justicia y equidad: el fraude es una práctica insolidaria, en beneficio particular, de unos pocos y que perjudica a la mayoría social.
  4. La ético-pedagógica: las medidas efectivas de lucha contra el fraude y la eficacia en la persecución de las personas defraudadoras contribuyen a reforzar una cultura que ponga en valor el pago de impuestos y que señale a quienes defraudan no como “listos” sino como “delincuentes insolidarios”.

 

Para desincentivar a quienes disponen de medios para defraudar y de prácticas como la elusión y la evasión fiscal, las instituciones publicas deben persigan y castigar de forma implacable estas conductas. Tiene que salir caro defraudar. En el caso de Haciendas Forales del tamaño de las vascas, es imprescindible la coordinación y la armonización. Es necesario disponer de análisis detallados de las bolsas de fraude, por eso Podemos Euskadi defiende la intervención en las políticas públicas contra el fraude fiscal de personas expertas y la adopción de medidas como la creación de un Observatorio Independiente de lucha contar el fraude fiscal, propuesta de los profesores Zubiri, Gallastegui y Fernández- Macho, a la que se ha opuesto en PNV con la complicidad del PSE-EE.

Falta de voluntad política y trato de favor para los grandes capitales

Se lamentaba el profesor Zubiri en su presentación de su informe ante el Parlamento Vasco de que en Euskadi: «lo razonable es defraudar» porque la probabilidad de ser cazado «es baja». Esta afirmación desmonta todo el marketing prefabricado en los laboratorios de propaganda del PNV sobre los éxitos en la lucha contra el fraude en Euskadi. Las medidas contra el fraude fiscal adoptadas por las Diputaciones vascas son insuficientes y no están incidiendo en la probabilidad de detección y la sanción. Pero también nos interpelan a la ciudadanía, quienes también deberíamos reprobar los comportamientos y poner en valor la importancia del pago de impuestos.

 

Hacienda no sólo no somos todas, Hacienda son fundamentalmente las rentas del trabajo.

Datos del  Consejo Vasco de Finanzas Públicas, febrero 2017.

Ni el fraude fiscal procede solo de las grandes rentas, pero éstas son las que más facilidades tienen para escapar del control, precisamente porque los controles están centrados en perseguir a otros sectores. Ejemplo de ello ha sido en Bizkaia la conocida como “campaña de los tickets”, en la que se perseguía por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia a los pequeños hosteleros que no daban tickets con consumiciones de un café en el Casco Viejo de Bilbao. Mientras nuestros emporios empresariales, léase Iberdrola, acusada de beneficios de más de 20 millones por manipular el precio de la luz, pasan los controles fiscales sin despeinarse. Cuestión de enchufe desde luego.

Pongamos que hablo de Bizkaia, no por “bizkaiacentrismo” sino porque el 50,64% de las aportaciones al Gobierno Vasco de las tras Haciendas Forales procede de la Hacienda de Bizkaia (4. 423.152.080€ de un total de 8.734.502.529 €, en 2016). En las Juntas Generales de Bizkaia, asistimos mensualmente a las modificaciones tributarias que nos trae el Departamento de Hacienda y Finanzas, todas ellas parches para una normativa fiscal que permite la elusión, la ingeniería fiscal, que no sanciona como debería a los grandes defraudadores y que prima la recaudación a la sanción y a la justicia (acuerdos ventajosos para devolver partes del dinero defraudado).

La falta de voluntad política se manifiesta en la incoherencia entre el discurso y los hechos. Mientras se estanca el afloramiento de fraude fiscal, se condonaba hasta abril de este año “graciablemente” sanciones tributarias (artículo 195.3 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria de Bizkaia). Podemos destapó que en los últimos 10 años, solo en aplicación de este artículo en Bizkaia se condonaron más de 11 millones en sanciones tributarias y que en el caso del ejercicio 2016, en dos de esos casos se condonaron sanciones por valor de 450.000€.

Luchar contra el fraude fiscal significa enfrentarse a grupos de interés y de poder en Euskadi, de los que dependen gran parte de las redes clientelares y de connivencia entre el poder económico y político en Euskadi, en el oasis vasco.

Las propuestas de Podemos Euskadi son claras:

-Normativas más severas y sancionadoras del fraude.

-Prioridad en la lucha contra el fraude de las rentas altas, los grandes patrimonios y las grandes empresas.

-Revisión y control de las desgravaciones y bonificaciones aplicadas al impuesto de sociedades.

-Más recursos humanos y materiales en la inspección y la sanción de conductas de fraude.

-Estudios y análisis periódicos de la eficacia de la lucha contra el fraude, con indicadores y herramientas cuantitativas que permitan la evaluación ´de las políticas públicas.

-Observatorio de lucha contra el fraude fiscal compuesto por personas expertas independientes

-Aumento de la cooperación y del personal dedicado a la persecución de delitos fiscales:  “policía fiscal”

-Publicación de listas de personas morosas con la Hacienda, desde 250.000€ no desde 1.000.000 como en la actualidad.

La voluntad política se demuestra en las acciones de quienes tienen potestad para aplicar las políticas de inspección, sanción contra el fraude fiscal y se demuestra con el ejemplo.¿Cómo puede un ex Diputado General de Bizkaia estar en la lista de los Papeles de Panamá por tener una sociedad con un domicilio fiscal en las Islas Vírgenes? Cosas que pasan sin que nada pase. Made in PNV.

ASUN MERINERO SIERRA

Juntera de Podemos Euskadi en las Juntas Generales de Bizkaia

Una renta para las personas

Begoña Arnaldes Alonso, periodista, militante de Podemos en las redes sociales y en las calles con el Equipo Itinerante de Visibilidad de Euskadi.

 

photo_2017-07-06_10-47-58El Producto Interior Bruto ha crecido un 0,8% en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Todavía falta mucho para conseguir llegar a los niveles anteriores a los años de la crisis pero más todavía al reparto de la riqueza, como demuestra la distribución de la misma entre rentas de capital y rentas de trabajo.  La cobertura legal de los recortes de salarios propiciada por el gobierno del PP y su hermano en Euskadi, el PNV,  ha sido la consecuencia de la aplicación de un modelo económico capitalista en la que los beneficios revierten a la clase empresarial, dueña del patrimonio; la fuerza de trabajo, medida en salario, cada vez es menor.

La evolución acontecida durante este tiempo permite hablar de fin de la crisis solo a aquéllos a los que los dividendos que produce la puesta en marcha de su actividad económica permite diversificar la producción nacional e invertir en el extranjero. La clave de su gestión: desmembrar trabajos y,  consecuentemente, abonar míseros salarios en puestos de trabajo sin posibilidad de negociación colectiva y donde el derecho a la huelga se ve amenazado por fulminantes despidos o degradación de las condiciones laborales, ya de por sí exiguas. ¿Cómo, si no,  iban a aumentar los y las cotizantes  a la Seguridad Social, disminuyendo las cotizaciones? Está claro que la clase empresarial necesita ofrecer trabajo basura para enriquecerse, como demuestra la mayor importancia de estas rentas de capital en el PIB del país.

El peligro de un sistema capitalista como el que impera en Europa radica también en el poder que ejerce dentro del mismo la manipulación de los medios de comunicación: los mensajes enviados a la clase trabajadora le invitaban a un consumo desmedido; sustituyeron la capacidad adquisitiva por la capacidad de endeudamiento convenciéndole de que podía comprar lo que no le hacía falta,  provocándole una desviación material que les hizo creerse poseedores de riqueza cuando solo lo eran en apariencia; los estratos sociales más bajos son más vulnerables a estos mensajes y llegaron a definirse a sí mismos como “de derechas” en su intención de voto cuando no eran más que una parte, la más baja, del engranaje neoliberal.

Todo ha formado parte de este gran teatro que ha sido el modelo competitivo frente al modelo del bienestar: el predominio de la apariencia frente a la evidencia, la posibilidad de la masa salarial de adquirir barata la tecnología mientras les suben los  productos de primera necesidad.

El modelo depredador ha acarreado consecuencias tan graves como la apropiación del bienestar del ser humano en forma de privatizaciones sanitarias, educativas, servicios de atención de la tercera edad o guarderías. Urge como revulsivo la implantación de una Renta Básica Universal que dote al ser humano de otro significado que no consista en propiedad privada o la extendida idea de “tener de todo para vivir mejor”. Urge un modelo de sociedad que le devuelva a la clase trabajadora el estatus de “persona” que el actual modelo económico le ha arrebatado, más importante si cabe que  su fuerza de trabajo y tanto como la posibilidad de vivir dignamente por el mero hecho de serlo.  Una Renta Básica Universal sufragada por el Estado gracias a un reajuste fiscal que transfiera de las rentas de capital el caudal necesario para mejorar la sociedad porque permitirá que se escoja una reducción horaria sin la presión de quedarse sin empleo, que el cuidado de mayores y menores deje de ser patrimonio exclusivo de mujeres que en el futuro serían más pobres de lo que ya lo son porque deberían abandonar sus obligaciones laborales. Que todas y todos, en definitiva, seamos iguales y dejemos de ser servidumbre necesaria para el Capitalismo; más bien que el Capitalismo nos haga servicio como personas.

Un reto para estar a la altura

Tinixara Guanche, trabajadora social y responsable del área de Sociedad Civil de Podemos Euskadi.

 

4.-Bizkaia-TinixaraEn el año 2008, año de aprobación de la Ley  de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, decía el entonces Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social  del Gobierno Vasco que “los derechos sociales no pueden estar al albur de las coyunturas o los intereses, ya sean económicos o puramente electoralistas”.

¿Por qué empezar con esta expresión? Porque, si en el año 2008 era válida esa negativa a someter los derechos sociales a la coyuntura económica, ahora no. O al menos eso es lo que parece tanto para el PNV como para su socio, el PSE.

“Para el PNV, con el silencio cómplice del PSE, los derechos sociales ya no son una prioridad”

¿Qué ha cambiado entre el 2008 y el 2017? Sé que han pasado algunos años. Sé, por supuesto, que el contexto socio-económico no es el mismo. Como tampoco lo es el social, ni el laboral, ni la simple concepción de las personas empobrecidas desde el imaginario colectivo. También han cambiado, y aquí es donde creo que es fundamental la reflexión, los discursos de determinadas fuerzas políticas.

Si en el año 2015 Maroto era un enemigo a dejar en el ostracismo, hoy puede llegar a ser un compañero de viaje. Hoy de hecho no sólo es un socio en Madrid, sino también lo es en Gasteiz.

Si en el año 2008, tiempo de bonanza, la protección social era una prioridad, ¿cómo puede no serlo en el año 2017 si la desigualdad social es mucho mayor?

En este año 2017, los partidos que conformamos el Parlamento Vasco, nos hemos comprometido a emprender una necesaria reforma de la normativa reguladora de la RGI. Y vemos como para el PNV, con el silencio cómplice del PSE, los derechos sociales ya no son una prioridad. Vemos como ahora sí son susceptibles de estar al albur de la coyuntura económica y “donde dije digo, digo Diego”.

La propuesta de reforma presentada a finales de mayo por el Gobierno Vasco supone un recorte y no hay medias tintas en esa interpretación. Recorte que representa una importante y amplia agresión que afecta a diversos aspectos de la prestación pero que no va dirigida a resolver los problemas de ésta. Y no sólo eso, esta reforma es un ataque a las conquistas en derechos sociales de los últimos años. Conquistas fruto de luchas, nuestras luchas, las de todas, que cada vez parecen tener menos lugar y una respuesta más beligerante por parte de los partidos que sustentan el gobierno.

“Hay 59.497 personas que, según datos del Gobierno Vasco, están fuera de todo”

El vínculo de la RGI con el empleo, incorporado en el año 2011, ha sido un fracaso 6 años después, pero lo único que se ofrece como alternativa es el mantra de la Sra. Artolazabal de que “la mejor política social es el empleo ¿Qué empleo? ¿El de la precariedad, la temporalidad y las malas condiciones? ¿El de un servicio público de empleo que es el peor valorado de largo por la ciudadanía? ¿Por qué no buscar soluciones que vayan a las causas de esa precariedad? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?

Parece como si las soluciones planteadas se dirigiesen a una realidad que sólo ven ellas en el Gobierno, porque la de las personas, es totalmente distinta. Hay 59.497 personas que, según datos del Gobierno Vasco, están fuera de todo. Un tercio de personas afectadas por la pobreza que no encuentran amparo y mientras, el discurso es que quien no trabaja es porque quiere aprovecharse, parasitar el sistema o defraudar en él. Y eso, al menos a mí, me da miedo.

Da miedo y además, nos coloca en una tesitura en la que no puedo evitar que resuenen en mi mente, atronadoras, las palabras de Bertolt Brecht: “ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde” ¿Dejaremos que se nos haga tarde?

En el viraje del discurso, encontramos  una serie de afirmaciones que criminalizan o responsabilizan individualmente a las personas de la situación de pobreza en la que viven, sin atender en serio, a través de la implementación de políticas públicas, a los males estructurales. Sin hacer caso a las necesarias modificaciones que harían de las vidas de toda la ciudadanía, algo que merezca la pena ser vivido.

Porque es cierto que el fraude existe pero, ni de lejos solo en la RGI. Existe fraude y políticas que siempre pasan de “puntillas” por Hacienda, por las grandes empresas que no pagan lo que les tocaría aportar, por negocios que fomentan un clientelismo que sólo enriquece a unas pocas y a todas, nos empobrece. Porque las responsables que nos empobrecen no están en la cola de Lanbide, sino en algún ministerio, departamento, empresa energética o consejo de administración. Y es importante que seamos capaces de ver de esto antes de comprarnos ese discurso que, como sociedad, nos pone en riesgo.

Entiendo perfectamente, porque lo he vivido, que nos aterra y paraliza el riesgo a enfrentarnos con la pobreza, con las personas empobrecidas. Es aterrador mirar a los ojos a las personas olvidadas, a las que no tienen ni el derecho a ser reconocidas, porque mirarlas, duele. ¿Acaso no giramos la cabeza al cruzarnos con una persona que vive, que duerme en la calle?

Es humano, que ver a alguien en esta situación nos haga sentirnos vulnerables porque, ¿dónde está el límite? ¿Qué le lleva a una persona a dormir en la calle o no tener para pagar el alquiler o la hipoteca? En mis años en el trabajo social he aprendido de las personas en esta situación, que un mal paso, un tropiezo o la mala suerte, son suficientes para encontrarse así. ¿Por qué no buscar entonces soluciones que nos protejan a todas y nos sujeten ante ese riesgo?

¿Cómo podemos protegernos para que ese miedo no nos bloquee y acabe ahogándonos? En mi opinión, con algo imprescindible y que se asienta en dotar a la ciudadanía de seguridad.

Seguridad para sentir que si tropiezas te van a ayudar a levantar.

Seguridad para intentar emprender vidas autónomas y libres.

Seguridad para ser, para atreverse, para poder romper con situaciones de vida injustas, sintiendo amparo, sintiendo que no vas a caer.

Seguridad para ejercer derechos sin vergüenza, sin miedo, sin apuros, sin sentir que andas perdida y que no hay salidas. No como un “mal menor” sino como un derecho con mayúsculas.

Seguridad para estar informada y poder ejercer los derechos sin estigmatizaciones, sin sospechas de que “algo habrá hecho” para estar en una situación de pobreza o de precariedad.

Seguridad para tener derechos y sentirse empoderada para ejercerlos.

¿Y cómo acceder a esta seguridad? Blindando derechos. No hay otro camino y, no hay atajos.

Estamos ante una oportunidad y un reto, espero que todas sepamos estar a la altura.

La Renta Básica y cierto mito “vago”

Julen Bollain, Parlamentario de Elkarrekin Podemos por Gipuzkoa, miembro de la Red Renta Básica y miembro del BIEN (Basic Income Earth Network).

photo_2017-06-23_12-52-56En apenas dos años, la Renta Básica ha pasado a estar en boca de gran parte de la ciudadanía y es innegable que recibe tanto comentarios favorables como desfavorables casi a diario tanto en foros de opinión, como en periódicos o en revistas.

 

Personalmente, me gusta rebatir los comentarios desfavorables con argumentos ya que, como no podía ser de otra manera, es totalmente legítimo que existan opiniones dispares a las mías. Sin embargo, son más difíciles de tolerar ciertas críticas que no intentan sino liar a la ciudadanía. O por qué no decirlo, críticas sin ninguna fundamentación analítica o empírica.

“La Renta Básica sería una medida más dentro de un paquete de medidas que compondrían la política económica de un espacio geográfico determinado”

Hace tiempo ya que venimos diciendo que si algo tiene de malo la Renta Básica, es la facilidad para ridiculizarla. No obstante, no es menos cierto que cuando las personas dejan de lado la demagogia barata y profundizan en el tema, tal y como afirmaba el profesor y presidente de la Red Renta Básica Daniel Raventós el pasado 18 de mayo, “más convence y más difícil es ridiculizarla.”

No entraré a debatir a fondo cierto argumento mediante el cual recientemente se manifestaba la existencia de un mito de parte de la izquierda de que la renta básica resuelve todos los problemas. No sé exactamente cuál es el trasfondo de esta afirmación. No llego a comprender si la pretensión es desconcertar a los lectores, confundirlos o engañarlos, pero si algo hemos dejado claro y lo hemos repetido hasta la saciedad los defensores de una Renta Básica progresista, es que la Renta Básica no es la solución para todos los problemas. Hay que ser rematadamente torpe para no entender que la Renta Básica sería una medida más dentro de un paquete de medidas que compondrían la política económica de un espacio geográfico determinado. Por poner un simple ejemplo para que con suerte no vuelva a la palestra este argumento frívolo, se puede observar cómo la Renta Básica garantizaría la existencia material de todas las personas y, por lo tanto, ofrecería una mayor independencia económica a las mujeres. Sin embargo, no combatiría las violencias machistas per se y por ello, los gobiernos deberían seguir luchando por legislar en contra de las mismas.

Pero sí existen argumentos que han calado más en la sociedad ya que han sido repetidos por boca de diferentes sectores cada vez que les surgía la posibilidad y que merecen ser contrastados. ¿Quién no ha oído alguna vez que la Renta Básica crearía “vagos” y que la gente dejaría de trabajar remuneradamente?

“Lo que verdaderamente desincentiva la búsqueda de empleo son los subsidios condicionados”

Pues sí, probablemente sea éste el mayor mantra que debemos desmantelar los defensores de la Renta Básica. Eso sí, debemos desmantelarlo cuando nadie ha demostrado analíticamente que esto sea así. Ni la menor aproximación. Y es que como los acusados antes del siglo XIII a través del juicio divino o la ordalía, la Renta Básica debe superar ciertas pruebas para demostrar su inocencia o buen hacer empíricamente, cuando los acusadores no hacen sino soltar sapos y culebras por su boca sin ninguna fundamentación. Claro que sin la lex talionis en la actualidad los acusadores y las acusaciones se multiplican.

Cabe destacar y habría que dejar claro antes de comenzar con este humilde análisis, que el término trabajo no solo engloba el trabajo remunerado, sino que una parte muy importante del mismo (a veces incluso superior a la del trabajo remunerado) se divide también en trabajo doméstico y de cuidados y en trabajo voluntario. Si algo haría la Renta Básica, desde luego, sería visibilizar y ofrecer un valor más aproximado a la realidad que el que ostentan hoy en día situándose fuera del actual mercado de trabajo.

Antes de ofrecer mi opinión sobre sí la Renta Básica crearía “vagos” o no, diré que lo que hoy en día desincentiva la búsqueda de empleo no hay duda de que son las rentas mínimas garantizadas y su siempre presente trampa de la pobreza. Los subsidios condicionados no son acumulativos, sino prestaciones que como mucho complementan una renta de trabajo si la hubiera, hasta el umbral que el programa fije. Creo que no es discutible de que aquí reside un estímulo negativo a la búsqueda de empleo y a la aceptación de ofertas de empleo de baja cuantía o de los llamados trabajos basura. La razón es sencilla, y es que al ser estas prestaciones no acumulativas, por cada euro que se ingrese a través de las rentas salariales, se pierde un euro por prestación. Sin embargo, la acumulatividad de la Renta Básica ofrece la posibilidad de trabajar remuneradamente sin perjuicio de la prestación recibida. Por lo tanto, podemos observar cómo lo que verdaderamente desincentiva la búsqueda de empleo son los subsidios condicionados.

Mientras los detractores de la Renta Básica nunca han ofrecido dato alguno, sí ha habido varias encuestas realizadas por empresas especializadas en ellas. La primera fue realizada por la empresa catalana GESOP(1) en el año 2015 a 1.600 catalanes y catalanas. Más adelante, la segunda encuesta y ésta ya de ámbito europeo y la más importante jamás realizada, fue llevada a cabo por la empresa alemana DALIA Research(2) a 10.000 ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, en los 28 países pertenecientes a la misma y en 10 idiomas distintos. La última y la segundad mayor aunque con un sesgo muestral bastante importante, fue realizada en septiembre de 2016 íntegramente a colectivos de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, obteniendo  3.057 respuestas y habiendo respondido, entre otros, 1.479 estudiantes y 1.330 trabajadoras.

“Menos de 4 de cada 100 personas dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza”

En este artículo simplemente me ceñiré a los datos relativos a cómo se comportarían las personas encuestadas respecto al trabajo. Es muy significativo que los datos ofrecidos en las tres son bastante similares en cuanto al porcentaje de encuestados que dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza. En la encuesta realizada por GESOP se puede apreciar como solo el 2,9% de las 1.600 personas encuestadas dejarían su trabajo, mientras que en la realizada por DALIA Research se observa cómo solo el 4% de las personas europeas encuestadas lo harían. Un resultado intermedio (3,5%) se consigue entre las más de 3.000 personas del colectivo universitario encuestadas por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.

Es de resaltar también que según las encuestas, una Renta Básica ayudaría a conseguir un mayor reparto del trabajo remunerado. Este dato es muy interesante cuando nos dirigimos hacia un mercado de trabajo donde el desempleo ya no solo va a estar ligado a la producción, sino que también a la distribución del empleo. Las tres encuestas demuestran una tendencia clara hacia la reducción de la jornada laboral si hubiera una Renta Básica que garantizara una existencia material básica para la ciudadanía. Una reducción de las horas dedicadas al empleo para emplear más tiempo en otros asuntos como pueden ser el cuidado de las personas mayores, de los menores o el mismo ocio personal de cada uno. Así, en la encuesta publicada en Cataluña vemos como un 8% de los encuestados trabajarían menos horas si recibieran una renta básica incondicional. Los resultados de Dalia Research muestran como de los 10.000 ciudadanos europeos encuestados el porcentaje se sitúa en el 7% y en la encuesta realizada por la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, la tasa se sitúa en el 19,4% (mucha de las personas dedicarían ese tiempo a estudiar y esta tasa superior a las anteriores puede deberse al sesgo muestral).

Sí existe una dicotomía discursiva cuando te preguntan qué harías tú y qué crees que harían los demás. Esto se observa claramente en la encuesta realizada por DALIA Research, donde el mayor miedo de las personas encuestadas era que las demás personas dejaran de trabajar (40% de los encuestados), mientras que solo dejarían de trabajar el 4% de los mismo.

Por lo tanto, en tres encuestas realizadas en diferentes áreas geográficas se puede apreciar cómo las tres concluyen que menos de 4 de cada 100 personas dejarían su empleo por una Renta Básica igual al umbral de la pobreza, si bien es cierto que dotaría de una gran libertad individual a las personas para invertir su tiempo en lo que crean oportuno.

Y a través de este artículo solo quería poner un poco de luz sobre el tema que nos concierne hoy y ofrecer datos empíricos de encuestas realizadas con rigor. Además, dentro de poco empezaremos a recibir datos reales de los proyectos piloto que se están llevando a cabo en diferentes países. Pero, ¿alguien podría darme algún dato que afirme que la Renta Básica crearía “vagos”? Llevo tiempo esperándolo.

(1): http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-una-mayoria-social-catalana-por-la-renta-basica-la-poblacion-catalana-no-dejaria-de-trabajar-con-una-renta-basica/

(2): http://www.sinpermiso.info/textos/la-renta-basica-vista-por-varoufakis-algunas-encuestas-el-referendum-suizo-del-5-de-junio-y

Pero…¿Qué es el CETA?

Ana Isabel San Román Abete, enfermera donostiarra y miembro de la Campaña contra el TTIP de Gipuzkoa.

 

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Ana Isabel San Román

El CETA es un tratado de libre comercio, similar al TTIP, entre La Unión Europea y Canadá. Según sus defensores este tratado hará crecer la economía eliminando cualquier tipo de “barreras al comercio y a la inversión”. Cuando hablan de “barreras al comercio y a la inversión” se refieren a las barreras arancelarias y a las no arancelarias.

Los aranceles son impuestos que hay que pagar para introducir productos en un mercado extranjero, actualmente son muy pequeños pero se mantienen sobre todo en materia de agricultura para proteger la producción local.

Pero el objetivo principal es eliminar las “barreras no arancelarias” que son las normas y leyes europeas que protegen nuestra salud, derechos laborales, sociales, leyes medioambientales, etc.

Para ello el CETA se ha dotado de Tribunales de arbitraje: las empresas transnacionales pueden denunciar a los estados si consideran que una legislación les provoca pérdidas o prevén que les provocará pérdidas en el futuro. Además la Cooperación reguladora (cap. 21 de CETA) permite continuar negociando normas y obligará a probar científicamente la necesidad de adoptar cualquier regulación, poniendo en peligro el “principio de precaución”: actualmente si hay dudas sobre un producto no se comercializa, con el CETA, habrá que demostrar que ese producto es nocivo para reglar su uso y la única manera de demostrarlo “científicamente” es que haya el número suficiente de victimas como para crear una relación causa-efecto.

Desde 1994 Canadá tiene un tratado similar con EEUU y México (NAFTA) y a pesar de que, en su día, también les prometieron la activación de su economía hoy se puede comprobar lo que realmente les ha supuesto dicho tratado:

Pérdida de puestos de trabajo. Sólo en los últimos 6 años Canadá ha perdido 350.00 empleos en el sector de manufactura.

Sueldos estancados.

La deuda familiar ha alcanzado niveles históricos.

Reducción de los estándares de seguridad alimentaria y ambiental.

Gracias a los tribunales de Arbitraje Canadá es el país desarrollado más demandado del mundo: El gobierno ya ha pagado 135 millones de euros y la suma de los litigios pendientes asciende a 175 MILES DE MILLONES de euros. A esta cifra se ha llegado con demandas como la que interpuso la empresa Estadounidense ETHYL CORPORATION por prohibir la importación de gasolina que contiene MMT, sospechoso de ser un agente neurotóxico. Tras apelar a los Tribunales de Arbitrajes la empresa obligó a Canadá a revocar la prohibición y a pagarle 10,2 millones de euros.

Al aceptar el CETA, como casi todas las grandes corporaciones Estadounidenses tienen una filial en Canadá, estas más de 42.000 corporaciones podrán utilizar sus filiales Canadienses para impugnar normas ambientales, sanitarias y laborales de la U.E.

 A pesar del secretismo con el que se ha negociado este tratado más de 3 millones y medio de personas en toda Europa hemos firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo el TTIP.

Mas de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado territorios libres del CETA y TTIP.

A ambos lados del Atlántico, los agricultores, los sindicatos, la sanidad pública, los consumidores, los grupos de defensa de los derechos medioambientales, diversas ONGs así como asociaciones de PYMES han rechazado este tratado.

La comisión de Empleo de la comisión Europea ha votado NO al CETA

El pasado 15 de febrero El Parlamento Europeo votó a favor del CETA y ahora es cuando los parlamentos nacionales (y regionales) tienen que ratificar o no el tratado.

Ya hay varios países en los que se están preparando referéndums para bloquear la ratificación del CETA, de hecho Francia, Austria, Grecia, Irlanda tuvieron entre sus parlamentarios más votos en contra que a favor.

El Consejo de Ministros ha aprobado su remisión a las Cortes Generales para que el Congreso y el Senado puedan someterlo a votación. El 18 de mayo se debatieron dos iniciativas que presentó Unidos Podemos en el Congreso: una enmienda para rechazarlo y una solicitud al Tribunal Constitucional para que revise sus contenidos antes de que lo ratifique el Parlamento, ya que el CETA  quiebra claramente principios y derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Incomprensiblemente estas iniciativas fueron rechazadas gracias a los votos, entre otros, del PP. PSOE, Cs y PNV.

Ahora más que nunca tenemos que organizarnos y pedir a nuestros representantes políticos que defiendan nuestros derechos y no los de las grandes empresas, no podemos consentir que se apoyen tratados como el CETA, su ratificación definitiva supondría un verdadero ataque a la democracia.

Aún Podemos pararlo! Estamos a tiempo!