DECIDIR DESDE LO CERCANO. EL MUNICIPIO COMO LUGAR DE LO POLÍTICO

Andeka Larrea, filósofo, antropólogo y profesor de secundaria y, actualmente, responsable de cultura, euskera y políticas mediáticas de Podemos Euskadi.

6.-Araba-AndekaEl debate sobre el derecho a decidir plantea una cuestión que, desde la radicalidad democrática, es lógico y sensato defender. Pero esta defensa de la decisión de la ciudadanía sobre todas las cuestiones que le afectan directamente implica pensar y diseñar los mecanismos para su puesta en práctica en el lugar en el que la cercanía hace  posible su realización.

La escala propia de la decisión política es la municipal, puesto que nuestro lugar de vida es el que nos vincula con las experiencias personales y de cercanía de la comunidad (o comunidades) a la que pertenecemos: la calle, la casa, el barrio, la plaza, la escuela, la asociación, etc. Defender el derecho a decidir en lo cercano, por tanto, es poner en el centro del debate político la escala de cercanía y la realidad de la participación, mayor o menor, de todas las ciudadanas en los asuntos que les incumben de forma directa.

Los comunes de la ciudad son todos aquellos elementos materiales e inmateriales que son la condición y el producto de la vida en ciudades y pueblos. Su extensión abarca lo público pero constituyen una dimensión de lo comunitario que va más allá de esta categoría. En el campo de los comunes materiales se encuentran los elementos físicos de la ciudad, el trabajo como actividad, las infraestructuras, los equipamientos, los servicios sociales y un largo etcétera. Es sabido que muchos de ellos se gestionas desde las políticas públicas y/o desde el mercado. Los comunes inmateriales, no cuantificables pero igualmente importantes, son todos aquellos elementos que conforman una identidad (de barrio, de clase, política, …) personal y comunitaria: valores como la solidaridad y el trabajo cooperativo (auzolana), los deseos y los sueños, los proyectos, los símbolos colectivos (desde el equipo de fútbol del barrio hasta el gaztetxe) que se transforman con el tiempo, pero que dotan de cohesión a las comunidades de pueblos y ciudades.

La actual gobernanza municipal (aunque no sólo) ha expropiado muchos de estos comunes urbanos, privando a la ciudadanía de su capacidad de decisión. Estas estrategias privatizadoras son variadas, pero tienen en la base una concepción tecnocrática y paternalista de la política, que desaloja del ámbito de la decisión (salvo el ejercicio del voto cada cuatro años) los asuntos que tienen que ver con la gestión, conservación y cuidado de los comunes. Los gobiernos municipales se sirven de la metáfora del ciudadano como cliente para convertirse en gestores monopolísticos de recursos que son de toda la ciudadanía. La condición de posibilidad de esta práctica ha sido la ruptura del vínculo social (relativa y sujeta a otros condicionantes) y la apuesta decidida por el individualismo. Recuperar la solidaridad de barrio y de ciudad-pueblo es, por tanto, la condición para plantear un municipalismo orientado hacia la cuestión de cómo gestionar la decisión en torno a los comunes urbanos.

El derecho a la ciudad fue una propuesta de  Lefevre que, en los años 60 del siglo pasado, señaló el camino del urbanismo crítico de nuestros días. De esta crítica, que pone la vida en el centro (frente al valor económico de las cosas), una de las lecturas más interesantes e imprescindibles es la del urbanismo feminista. El urbanismo actual (y las ciudades vascas son un ejemplo de ello) es determinantemente masculino. La mirada masculina es la que diseña y construye un modelo de ciudad en la que los valores dominantes son los del hombre, con lo que la exclusión de la mujer resulta un aspecto revelador a la hora de construir alternativas. Y no sólo de la mujer, sino también de los excluídos de la ciudad: clases subalternas, pobres, niños, etc.

Por tanto, poner en el centro, de nuevo,  el derecho a la ciudad (a los comunes de los que hablábamos) supone reivindicar cuatro derechos relacionados: derecho al hábitat, derecho a vivir dígnamente, derecho a la convivencia y derecho al gobierno. Cuatro condiciones para un ejercicio de la decisión en ciudades y pueblos diseñadas y practicadas por todas y para todas, sin exclusiones. Sin participación real y concreta, claro está, no hay ejercicio de estos derechos. Modificar las relaciones sociales fue la indicación de Lefevre que sigue siendo a día de hoy un programa político a desarrollar.