El turismo: la ciudad y los derechos de ciudadanía

Andeka Larrea, responsable de cultura de Podemos Euskadi

  • El turismo es causa de fenómenos que afectan a la vida cotidiana de vecinas y vecinos de, fundamentalmente, los cascos históricos de las capitales vascas

 

Algunos debates llegan a la esfera de la opinión pública tarde, simplificados y empaquetados en papel de regalo con eslóganes de rápida distribución, asumiendo de antemano que la ciudadanía es, en general,  del gusto por el estilo tertuliano, en el que se manejan con gusto los partidos políticos tradicionales. En el caso que nos ocupa, el tímidamente inaugurado debate sobre el turismo en Euskadi, a propósito de un fenómeno que viene a servir, como es habitual, de guerra de posiciones veraniega servida en un menú que combina con la rapidez de la comida rápida platos precocinados de antemano: turismofobia y turismofilia.

En las ciudades vascas, de forma evidente en los cascos históricos de Donostia, Bilbao y, en menor medida, Gasteiz, así como en algunas localidades costeras, se están comenzando a vivir las consecuencias previstas e imprevistas de la apuesta decidida de las instituciones vascas por vender Euskadi como un territorio de oportunidad en el mercado global de los operadores turísticos. Un mercado en el que las ciudades, los espacios singulares, la llamada oferta cultural se ofrecen como un producto, si bien complejo, que busca atraer inversiones, que se traducen en el aumento de los flujos turísticos hacia el territorio ofertado. Un mecanismo, el del turismo globalizado, de sobra conocido desde hace décadas y que está en relación, en el caso del turismo de ciudades, con las reconfiguraciones geográficas del capitalismo actual y los procesos de deslocalización industrial que en Euskadi parecen repuntar de nuevo ante la inacción institucional.

Las consecuencias que se derivan del aumento en el número de visitantes, algunos de los cuales son turistas en su propia casa, son ahora un motivo lógico de preocupación. La condición-turista, si se nos permite, es causa y efecto de cambios en el paisaje de ciudades y pueblos. Para empezar, el turista es un efecto y, en gran medida, una víctima, de las estrategias comerciales de la industria turística internacional, que favorece el consumo rápido de los lugares visitados en detrimento de otras fórmulas menos rentables. El incremento de la tasa de beneficio es el dogma, no lo olvidemos, de todo negocio capitalista. Dogma que, en el caso que nos ocupa, implica un modo de consumir el territorio cuyas consecuencias sociales, culturales  y medioambientales han sido objeto de análisis académicos y protestas sociales desde hace décadas. Consecuencias que olvidan a sabiendas  los defensores y apologetas del turismo en Euskadi, con especial mención al Gobierno Vasco, como un nuevo maná económico del que brotará progreso y felicidad para todas, olvidando de paso que la terciarización de la economía que ello implica es una buena muestra de su sumisión a los poderes que realmente diseñan el futuro de los países en Europa.

Decíamos que el turismo es causa de fenómenos, también conocidos, que afectan a la vida cotidiana de vecinas y vecinos de, fundamentalmente, los cascos históricos de las capitales vascas. Entre estos, podemos citar los más destacados: desaparición del tejido comercial tradicional y el consecuente aumento del precio de la cesta de la compra, saturación de calles y plazas por la afluencia de miles de personas en lugares en los que la vida vecinal parece invisibilizarse, precarización de las y los trabajadores del sector, destrucción del patrimonio material e inmaterial de los centros históricos y aumento de los precios de alquiler como consecuencia de la irrupción de los pisos turísticos. Quien quiere ofrecer consuelo alude a términos comparativos con otras ciudades tradicionalmente turísticas para afirmar que “Euskadi es diferente”, dejando pasar que la escala de la comparación debería ser relativa a otras variables como dimensión de ciudad, vecinos residentes, apertura y cierre de comercios, tipología de los mismos y otras que nos permitieran, más allá de eslóganes veraniegos, conocer en profundidad estas afecciones.

La dimensión urbana y, por tanto, ciudadana del turismo es innegable, ya que aparece como un acontecimiento inseparable del modelo de ciudad y de la planificación urbanística en Euskadi, en el marco de la cual se sitúa la puesta en venta del territorio de la que hablábamos al comienzo. Algo que parecen ignorar los eslóganes simplificadores (o sus caricaturas mediáticas) de la llamada turismofobia. En la medida en que la condición turista afecta y nos afecta a todas, susceptibles de devenir turistas en nuestro territorio, la crítica del turismo exige algo más de profundidad que el rechazo sin más al turista, si no es sólo como figura abstracta que sintetiza las consecuencias negativas de las que venimos hablando hasta aquí.

Sin duda, es pertinente, necesario y agradable que se abra un debate en Euskadi en torno a las consecuencias, positivas y negativas, del turismo. Pero este debate no debería separarse de dos cuestiones que le son inherentes, pese a que no han encontrado mucho eco en las declaraciones de responsables políticos que estas últimas semanas hemos escuchado. En primer lugar, el derecho a la ciudad que corresponde a vecinas, transeúntes esporádicos, migrantes y, también, visitantes y turistas. El derecho a la ciudad implica cuatro derechos relacionados: derecho al hábitat, derecho a vivir dignamente, derecho a la convivencia y derecho al gobierno. Cuatro condiciones para un ejercicio de la decisión en ciudades diseñadas y practicadas por todas y para todas, sin exclusiones. En segundo lugar, los derechos sociales que implica el ejercicio activo del derecho a la ciudad.  Derechos sociales, por otra parte, en los que la decisión y la participación ciudadana, más allá de ejercicios cosméticos que llevan tal nombre, son condiciones imprescindibles para que la ciudad pueda ser imaginada y diseñada por sus ciudadanos, incluyendo en el diseño los modos y maneras en que el turismo pueda ser un elemento socialmente rentable, pues es la rentabilidad social la gran olvidada de las diseños urbanísticos desde arriba.

Hablaba recientemente el antropólogo Manuel Delgado de la necesidad de “salvar a nuestros turistas”, reivindicando un tiempo en que las personas viajeras que recalaban en Barcelona contribuyeron a un encuentro social y cultural con las clases populares de la ciudad. Un encuentro que a día de hoy, sometido el turista a la aceleración permanente de su visita devoradora de imágenes, lugares, calles y personas, parece tan difícil como necesario, si lo que queremos es recuperar el control de nuestros propios cuerpos y decisiones. En Euskadi aún estamos a tiempo de debatir sobre estos dos modelos de turismo para nuestras ciudades y pueblos, ahora que empezamos a conocer de las consecuencias del que impulsan Gobierno Vasco, lobbies empresariales y capitales globales. Poner la vida en el centro de la política urbanística es tanto como abrirnos a otros ritmos de vida y de trabajo, a otras relaciones con quienes desean conocernos y nos visitan, al cultivo y mantenimiento de las culturas locales y de sus expresiones y a una economía en la que lo social no sea un valor de cambio o una transacción monetarizada más.

 

Artículo original de eldiario.es aquí.

DECIDIR DESDE LO CERCANO. EL MUNICIPIO COMO LUGAR DE LO POLÍTICO

Andeka Larrea, filósofo, antropólogo y profesor de secundaria y, actualmente, responsable de cultura, euskera y políticas mediáticas de Podemos Euskadi.

6.-Araba-AndekaEl debate sobre el derecho a decidir plantea una cuestión que, desde la radicalidad democrática, es lógico y sensato defender. Pero esta defensa de la decisión de la ciudadanía sobre todas las cuestiones que le afectan directamente implica pensar y diseñar los mecanismos para su puesta en práctica en el lugar en el que la cercanía hace  posible su realización.

La escala propia de la decisión política es la municipal, puesto que nuestro lugar de vida es el que nos vincula con las experiencias personales y de cercanía de la comunidad (o comunidades) a la que pertenecemos: la calle, la casa, el barrio, la plaza, la escuela, la asociación, etc. Defender el derecho a decidir en lo cercano, por tanto, es poner en el centro del debate político la escala de cercanía y la realidad de la participación, mayor o menor, de todas las ciudadanas en los asuntos que les incumben de forma directa.

Los comunes de la ciudad son todos aquellos elementos materiales e inmateriales que son la condición y el producto de la vida en ciudades y pueblos. Su extensión abarca lo público pero constituyen una dimensión de lo comunitario que va más allá de esta categoría. En el campo de los comunes materiales se encuentran los elementos físicos de la ciudad, el trabajo como actividad, las infraestructuras, los equipamientos, los servicios sociales y un largo etcétera. Es sabido que muchos de ellos se gestionas desde las políticas públicas y/o desde el mercado. Los comunes inmateriales, no cuantificables pero igualmente importantes, son todos aquellos elementos que conforman una identidad (de barrio, de clase, política, …) personal y comunitaria: valores como la solidaridad y el trabajo cooperativo (auzolana), los deseos y los sueños, los proyectos, los símbolos colectivos (desde el equipo de fútbol del barrio hasta el gaztetxe) que se transforman con el tiempo, pero que dotan de cohesión a las comunidades de pueblos y ciudades.

La actual gobernanza municipal (aunque no sólo) ha expropiado muchos de estos comunes urbanos, privando a la ciudadanía de su capacidad de decisión. Estas estrategias privatizadoras son variadas, pero tienen en la base una concepción tecnocrática y paternalista de la política, que desaloja del ámbito de la decisión (salvo el ejercicio del voto cada cuatro años) los asuntos que tienen que ver con la gestión, conservación y cuidado de los comunes. Los gobiernos municipales se sirven de la metáfora del ciudadano como cliente para convertirse en gestores monopolísticos de recursos que son de toda la ciudadanía. La condición de posibilidad de esta práctica ha sido la ruptura del vínculo social (relativa y sujeta a otros condicionantes) y la apuesta decidida por el individualismo. Recuperar la solidaridad de barrio y de ciudad-pueblo es, por tanto, la condición para plantear un municipalismo orientado hacia la cuestión de cómo gestionar la decisión en torno a los comunes urbanos.

El derecho a la ciudad fue una propuesta de  Lefevre que, en los años 60 del siglo pasado, señaló el camino del urbanismo crítico de nuestros días. De esta crítica, que pone la vida en el centro (frente al valor económico de las cosas), una de las lecturas más interesantes e imprescindibles es la del urbanismo feminista. El urbanismo actual (y las ciudades vascas son un ejemplo de ello) es determinantemente masculino. La mirada masculina es la que diseña y construye un modelo de ciudad en la que los valores dominantes son los del hombre, con lo que la exclusión de la mujer resulta un aspecto revelador a la hora de construir alternativas. Y no sólo de la mujer, sino también de los excluídos de la ciudad: clases subalternas, pobres, niños, etc.

Por tanto, poner en el centro, de nuevo,  el derecho a la ciudad (a los comunes de los que hablábamos) supone reivindicar cuatro derechos relacionados: derecho al hábitat, derecho a vivir dígnamente, derecho a la convivencia y derecho al gobierno. Cuatro condiciones para un ejercicio de la decisión en ciudades y pueblos diseñadas y practicadas por todas y para todas, sin exclusiones. Sin participación real y concreta, claro está, no hay ejercicio de estos derechos. Modificar las relaciones sociales fue la indicación de Lefevre que sigue siendo a día de hoy un programa político a desarrollar.